ACTA N° 06-2005

CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, San José, a las quince horas con cinco minutos del tres de marzo del año dos mil cinco.

Se inicia la presente sesión ordinaria con la asistencia de la Magistrada Ana Virginia Calzada Miranda, quien preside; Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial, Lic. Francisco Dall’anese Ruiz, Fiscal General de la República, Lic. Francisco Segura Montero, en representación de la Dirección del Organismo de Investigación Judicial, Lic. Horacio González Quiroga, Juez Tribunal Superior Contencioso Administrativo, a Licda. Marta Iris Muñoz Cascante,   Jefa de la Defensa Pública, Lic. Luis Roy Vargas y Licda. Enriqueta Rojas, Defensores Públicos, el Dr. Víctor Ardón Acosta, Juez Tribunal Superior de Trabajo y la Licda. Odalia Campos Villalobos, Secretaria de la Escuela Judicial.

ESCUELA JUDICIAL

ARTÍCULO UNICO

El Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial da la bienvenida a la Dra. Leslie Solano Calderón, Jefa del Departamento de Medicina Legal y al Dr. Jorge Mario Roldán Retana del Consejo Médico Forense  y manifiesta que se les ha invitado a la sesión de este Consejo, con el fin de tratar el tema del curso de Medicina Legal que estaba por iniciarse el día de hoy y dirigido a los Fiscales del Ministerio Público.  

El día de ayer el  Lic. Jorge Segura Román, Fiscal Adjunto presentó un correo electrónico que la Dra. Solano  y el Dr. Roldán  remitieron a la Licda. Yamileth Achong  en el sentido de que el Dr. Roldán no daría el curso en virtud de que las condiciones en que se estaban planteando, ya que no podría asumirlo y la Dra. Solano no podría hacerlo de forma concomitante con sus labores profesionales, lo que pone en peligro este curso que ya está debidamente incluido en el plan de trabajo de la Escuela Judicial y discutido con la Unidad de Capacitación del  Ministerio Público.  A raíz de la preocupación externada por el Lic. Jorge Segura, Fiscal Adjunto se decidió invitarlos hoy para que manifiesten lo que consideren conveniente, así como al Fiscal General de la República y la Jefa de la Defensa Pública.

Toma la palabra el Dr. Jorge Mario Roldán quien manifiesta que considera que la presencia de ellos aquí es para ver lo mejor para todos y no  para un solo grupo, por lo que le gustaría hacer un poco de historia en relación con el origen del curso de Medicina Legal ya que tiene antecedentes muy importantes.

Hace cinco años, los Licdos. Chavarría y Jiménez  le solicitaron que diera un curso a los fiscales de Medicina Legal  y dentro de los requisitos que le solicitaron era que fuera de una gran excelencia académica.  Él tenía a su cargo el curso de la Universidad Nacional sobre el convenio de Administración de Justicia  por lo que les ofreció ese curso ya que tenía los programas hechos, los contenidos, objetivos etc., y este había dado grandes resultados, a ellos les pareció bien por el tipo de excelencia académica que tenía y su rigurosidad.  En esa ocasión cuando hablaron se les solicitó, primero,  que por cada curso que impartieran, ellos también  debían impartir otro para los médicos,  se pretendió que hubiera un beneficio mutuo por lo que manifestaron estar de acuerdo.  También no garantizaron que los cursos se pudieran realizar todo el tiempo, porque ellos tienen labores judiciales que deben cumplir y estos cursos implican una gran cantidad de tiempo, sin embargo, ellos están en la mejor disposición de impartir los cursos.  Solicitaron que previo a la realización de un curso se les comunicara con tiempo ya que necesitan hacer el planeamiento y determinar con qué recursos cuentan ya que imparten otros cursos en diferentes lugares, respecto a lo mencionado, el Lic. Chavarría  estuvo de acuerdo y hasta la fecha  se sigue haciendo.

El año pasado se suscitó un pequeño inconveniente, que fue que al curso llegaron dos defensores, a él le pareció excelente su participación, pero hubo problemas y no se quedaron, considera que eso no era lo más adecuado ya que para ellos era bueno.  Aquí se tiene que partir que el curso es de dos partes, el que expone y el que recibe y los dos están aprendiendo ya que se presentan discusiones muy interesantes y provechosas.  Días después habló con la Licda. Muñoz y le planteó una solicitud formal verbal  de la participación de los defensores, igual a la que hicieron los fiscales cuando el curso se inició, por lo que le indicó que gestionara ante la Escuela Judicial la respectiva autorización y trámite correspondiente, ese mismo principio fue el que se discutió con la Licda. Muñoz.  Ellos pueden dar solamente el curso que imparten a los fiscales y no hay inconveniente que los defensores se integren, así como los jueces y otras personas que lo han solicitado, ya que el curso es de Medicina Legal  y ellos han preparado el diseño, ponen las instalaciones físicas, el equipo de audiovisual que utilizan es de la Universidad de Costa Rica, los profesores y son ellos quienes lo coordinan, pero siempre que les solicitan una inclusión de un participante han indicado que deben hacerlo a través de la Escuela pero al día de hoy nadie se ha incorporado.

A principios de agosto del año pasado, la Licda. Achong solicitó las fechas para los dos cursos de este año y le indicó fechas  como probables,  ya que no puede garantizar que se imparta los cursos todo el tiempo,  a principios de  febrero le solicitó que le remitiera los programas y le sorprendió mucho ya que siempre se  reúnen antes para analizar o cambiar algún punto del curso,  le solicitó  a la Licda. Achong que se reunieran ya que tenía la solicitud de la Defensa Pública, se reunió con funcionarios de  ambas oficinas para discutir lo referente al curso y llegaron a dos posibilidades: 1) que se impartiera el primer curso para el Ministerio Público y el segundo curso para la Defensa Pública, 2)  que se aumentara el número de participantes y no dividir los cursos y se acuerda dar diez campos para la Defensa Pública y quince para el Ministerio Público, entonces los grupos serían de veinticinco personas  pero se podría trabajar y cumplir los objetivos  de los dos.  La Licda. Achong se llevó las dos propuestas anteriores para discutirlas con el Lic. Dall’anese, al día siguiente recibe correo donde se le indica que no acepta ninguna de las propuestas, para él fue una sorpresa, pero si el Lic. Dall’anese las vetó, él consideró entonces que el curso ya no era de Medicina Legal sino del Ministerio Público y eso no es así, por lo que llegó y le informó a la Licda. Solano que él no tenía nada que hacer, ya que como coordinador y después de haber sostenido una reunión con las personas interesadas para discutir el asunto y llegar a un acuerdo el Ministerio Público lo veta.  Entonces le remite nota a la Licda. Achong  y ella le contesta que es una lástima que no imparta el curso y le da las gracias, él le da la información de cómo se organiza el curso y ahí terminó su participación como coordinador.   Posteriormente la Licda. Solano le dijo que si lo que quieren es burocracia entonces que se apruebe un segundo curso para diez defensores, pero que este junto con el de fiscales se da a la misma hora y en el mismo lugar y que  solamente se sientan separadamente en el auditorio.  Agrega que Medicina Legal es objetivo en todos sus dictámenes como en todas sus actuaciones y él no se puede parcializar ni por el Ministerio Público, la Defensa Pública y Jueces, ya que debe ser abierto.  Un segundo curso se puede impartir pero el problema es la cantidad de trabajo que tienen  y que debería de resolverse de alguna forma y no como dice el Consejo Superior que se dé el curso siempre y cuando este no afecte el buen servicio, cosa que irremediablemente siempre se afecta y muchas veces tienen que recurrir a  otras personas para solventar los problemas generando un atraso pero sin embargo siempre ha habido buena voluntad.  Ellos no se han negado a dar el curso, fue el Ministerio Público quien vetó que se diera en los términos que se dio en la reunión, para ellos es enriquecedor que esté presente la Defensa Pública, los Jueces y el Ministerio Publico ya que la experiencia es muy buena en ese sentido.  Por qué el Ministerio Público no quiere estar con la Defensa Pública es un punto propio de ellos que no está al alcance de ellos y no quieren participar en eso. 

La Dra. Leslie Solano manifiesta que de los cinco años de cursos que se han impartido semestralmente, ellos se han visto obligados a actualizar algunos temas en lo que es materia de exposición, de docencia, charlas, valoración de exámenes etc., y eso le ha traído una cantidad de trabas, por ejemplo, ver cómo se sustituyen entre ellos ya que no tienen peritos externos que los puedan sustituir, sin embargo, no se puede decir que se ha suspendido alguna clase en los cinco años,  se ha  cumplido todos los objetivos y se ha logrado una excelente coordinación entre ellos y una gran experiencia.  Comenta que los fiscales debido a la capacitación recibida no necesitan preguntar tanto como lo hacen los defensores, por que  ahora es más fluida la labor del Departamento de Medicina Legal con el  Ministerio Público, sin embargo también con la Defensa Pública, pero está es diferente ya que la labor del Ministerio Público dentro del proceso penal es mucho más intensa.  Se ha venido trabajando de forma coordinada en este aspecto ya que hacía falta comunicación del mismo idioma y eso es lo que se ha tratado de establecerse con el objeto de que lleguen a tener dominio del vocabulario y la temática médica.  Le parece una injusticia que se vaya a perder el curso, ya que no estaba enterada de que existía una discusión a lo externo y que hubiera alguna incomodidad de alguna de las partes, sino hasta el día que tuvieron una reunión con las personas encargadas de gestionar lo correspondiente.  El curso iniciaba hoy, prepararon lo necesario para recibir a los fiscales y nadie llegó  y no entienden que  pasó, así como el conflicto que existe entre las partes.

El Lic. González pregunta que a qué se refirió ella en el correo electrónico al decir “Esta sería la última batalla para ganar la guerra”.

La Dra. Solano dice que una vez que pasó la reunión que sostuvieron con  el Ministerio Público y la Defensa Pública, la Licda. Achong dijo que había habido muchas batallas y que la Licda. Muñoz en el seno de este Consejo tuvo algunas dificultades con el Lic. Dall’anese y que ella  retiró su petición.
El Dr. Roldán dice que eso son cosas figurativas,  que se envío a la Licda. Achong un correo para que definiera varios puntos que para ellos eran importantes, porque el curso es del Departamento de Medicina Legal o sea del Poder Judicial,  entonces necesitaban que se  aclarara el asunto.

El Lic. Dall’anese, manifiesta  que nunca ha tenido problemas con la Licda. Marta Iris Muñoz y que hay varias cosas que  se deben aclarar, en primer lugar, hay un marco de legalidad que se debe respetar y una cultura de legalidad que se tiene que cambiar a partir de la Ley de Control Interno y todos tenemos que involucrarnos en eso, como jerarca del Ministerio Público ha  decidido que la Ley de Control Interno se va a cumplir a cabalidad y eso ha significado un descenso del circulante y que la personas trabajen más y lleven un control de todo.  Esto implica también observar otras reglas, la Ley Orgánica del Ministerio Público que establece la unidad de Capacitación y Supervisión subordinada a la Escuela Judicial de acuerdo con la normativa que crea la Escuela.  

Asimismo manifiesta que el curso es de la unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, autorizado por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial como ordena la ley aunque lo dé el Departamento de Medicina Legal.  Él no tiene el poder de vetar ni de aprobar absolutamente nada de eso, es el Consejo Directivo de la Escuela Judicial el que tiene esa potestad.   Pero cuando a él le dicen que la Licda. Muñoz negoció directamente con el Departamento de Medicina Legal el curso, manifiesta que ella no lo puede hacer directamente con ellos, mientras el Consejo Directivo no lo autorice, por lo que no se puede admitir en el curso.  Entonces, la respuesta fue que el Dr. Roldán  dice que no imparte el curso si no van los defensores, entonces si es él el que lo veta que podría decir.  Él no puede vetarlo y no depende de él que vayan defensores, es del Consejo Directivo y según entiende, eso ya se había tratado y se había tomado disposiciones al respecto que de acuerdo con la Ley de Control Interno hay que respetar y para modificar eso, es en  este Consejo donde se debe tratar y no directamente con los docentes y las unidades de capacitación, porque si no se viola toda la normativa legal.  Reitera que él no ha vetado nada y que solamente le indicaron las opciones que había y dijo que Consejo Directivo tomó una disposición y que esa es la que se van a cumplir los fiscales, no sabe si los demás la irán a violar la ley, pero hay sanciones muy fuertes en la Ley de Control Interno y no está dispuesto a que lo sancionen, esa es su posición y es lo que le ha recomendado a todos los fiscales en sus funciones.  Ahora, la cultura administrativa tiene que cambiar y si no cuentan con el permiso para asistir a una actividad no se puede hacer lo contrario.  Sí la Licda. Muñoz y el Dr. Roldán acuerdan  incluir diez defensores y  estos van,  se viola la Ley de Control Interno, le preocupa que se diga que él vetó el curso ya que no lo ha hecho, y solo el Consejo lo puede hacer.  Manifiesta que siempre  ha brindado apoyo al Departamento de Medicina Legal y este conflicto no tiene porque deteriorar las relaciones de nadie.  Se informó y ahora la Dra. Solano lo confirma,  que el origen del curso se dio hace algunos años porque los fiscales solicitaban  mal los peritajes y actualmente todavía hay muchos que los piden mal y esto le cuesta muchos millones de colones al Poder Judicial, entonces, la idea era organizar el curso para ir perfeccionando el trabajo del Ministerio Público.  Son casi cuatrocientos fiscales que hay que preparar y si ellos ceden de los 30 cupos que tiene el Ministerio Público, 15 al año para que la Defensa Pública ingrese, entonces no se va perfeccionando el  trabajo del Ministerio Público y eso se traduce a la larga, en millones de colones de desperdicio provocados por el Ministerio Público, por diligencias mal ordenadas o porque se piden cosas que no deben pedirse y al final ellos se ven llenos de trabajo y se pierde el presupuesto de Medicina Legal en cosas que están mal solicitadas.  Ese es el origen del curso y la Defensa no tiene que pedir peritajes ni hacer una serie de cosas que se  van a traducir en pérdidas para el Poder Judicial, cree que hay razones objetivas para estimar que se debe dar prioridad a los fiscales en estos cursos, no se trata de ver quien puede más, no es el interés de sacar a la  Defensa, sino que esto tiene una razón objetiva inicial que igualmente se puede modificar pero tiene que ser el Consejo Directivo.  Le preocupa que se vaya a ampliar a 25 personas ya que esto deterioraría la calidad del curso y entre menos personas estén en el aula hay más aprovechamiento, es más personalizado, esta es su única preocupación.  Cree que la solución podría ser ampliar los cupos pero quiere señalar que este curso responde a una necesidad de la institución, que se refleja en el presupuesto, en el trabajo que se solicita a Medicina Legal que eventualmente no va a servir para el proceso penal y que tenemos que capacitar a cuatrocientas personas.  La solución de no dar el curso es violatorio a la Ley de Control Interno porque hay una responsabilidad, un acuerdo de un ente del Poder Judicial que establece el curso, pero aquí no se está para ver quien es el culpable, sino para tratar de buscar una solución. La institución necesita que los fiscales se preparen  en el tema de cómo se piden peritajes, esto es un tema que puede afligir a toda la institución si se maneja incorrectamente, no es egoísmo ni rencillas con nadie, ya que tiene muy buenas relaciones con la Defensa Pública y quiere que esto quede claro.  Recalca al Dr. Roldán que el curso ellos lo programaron pero legalmente este lo autoriza el Consejo Directivo y es de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, ya que ese es el marco legal en que se da el curso.

La Licda. Muñoz dice que a todos les ha quedado claro respecto a lo que exponía el Dr. Roldán en cuanto al diseño, metodología y contenido del curso que está dirigido a todos los funcionarios (jueces, fiscales, defensores) en general.  Tomando en consideración que eso está claro y conocedora de que el Ministerio Público tiene más funcionarios y responsabilidades para  capacitar a fiscales, ella ha sido respetuosa de eso y en el año dos mil  el Consejo Directivo de la Escuela Judicial en la sesión N°7 de junio del 2000  aprobó esos cursos y se solicitó que se le diera  una participación proporcional a la Defensa Pública, durante estos años ella no ha molestado al Ministerio Público  ni  ha pretendido quitarle cupos, sin embargo, debido a la demanda de sus funcionarios y a la necesidad de capacitarlos  en ese campo  ya que hay ignorancia respecto a los dictámenes lo que está trayendo una desproporción, es que gestionó ante el Consejo Directivo la posibilidad  de que se le cedieran los campos que el Ministerio Público no ocupa, ya que según le informaron se perdían por lo general cinco campos debido a que por diferentes situaciones los fiscales no podían  asistir y era un curso que iba dirigido a todos los funcionarios.  Sin embargo no fue posible, pero el Consejo la autorizó para que gestionara lo que fuera necesario para que se impartiera otro curso para los Defensores.  La Lic. Rojas se reunió con los doctores de Medicina Legal  y le dijeron que la metodología era la  misma del curso que se daba y que va dirigido a jueces, fiscales y defensores y que sería un gasto de recursos dar otro pudiendo compartir el cursos de los fiscales.  Dice que hay también un marco legal que autoriza la participación de la Defensa y que ella está dispuesta a que le indiquen el número de cupos que le darán en el curso que se inicia.

La Licda. Enriqueta Rojas manifiesta que la inclusión de diez defensores en el curso no es algo antojadizo, sino que fue un criterio técnico de los facilitadores que estiman que no afecta metodológicamente el curso la participación de diez personas más, tomando en cuenta que en el camino algunos se retiran por sus obligaciones, sin embargo, es un número que se puede manejar,  no permitir la participación de defensores y jueces significa más bien inhibir la riqueza metodológica  del curso porque es la interacción de ideas a través de la discusión ya que el curso es muy participativo.   Por lo anterior es que con mucha ilusión  se hizo la lista de los diez defensores y se acordó que cualquier asunto de logística que hubiera que implementar por parte de la Defensa Pública se está en capacidad y en la mayor disposición de hacerlo para no ser ningún recargo de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público.  Considera que es importante aprovechar los diez campos.

El Lic. Luis Roy Vargas solicita al Dr. Roldán  que le aclare lo que tiene que ver con la estructuración de fondo de los contenidos del curso de Medicina Legal,  ya que en acuerdos anteriores se ha mencionado que eso es una limitante, porque el curso está estructurado con una visión exclusiva para los fiscales y que los defensores podrían evidenciar estrategias que comprometerían sus funciones.

El Dr. Roldán dice que ellos no les enseñan formas de cómo debe hacerse una pregunta, cómo debe orientar un juicio etc., ya que no es una metodología que este al alcance de ellos.

El Lic. Dall’anese dice que esa no es una declaración que él dijo.

El Dr. Roldán dice que lo que hacen es que cuando dan una lección enseñan todos los conceptos de un determinado fondo, por ejemplo, qué es marca indeleble, cuáles son los criterios que puede utilizar, si es función del médico, criterios que se deben tomar para valorarla, lo que se enseña es la parte técnica, no cómo lo tramiten, cómo lo lleven a juicio, cómo lo pregunten, eso no, ya que eso depende de las estrategias de la Defensa Pública, el Ministerio Público, de cómo lo interprete el juez,  ellos solo dan las bases técnicas de qué es cada cosa.  Entonces ellos manejan fondo, pero no forma de hacer presentaciones, para ellos es importante que unos y otros lo sepan ya que habría mejor equilibrio al momento de un debate.

La Mag. Calzada pregunta al Dr. Roldán que si las discusiones que se dan en el curso donde van fiscales a raíz del conocimiento de algunos términos se dan estrategias propias de ese grupo ya que el Lic. Jorge Segura  dijo que  se daban comentarios y técnicas para que fueran utilizadas únicamente por los fiscales.

El Dr. Roldán dice que cuando se comenta por ejemplo el artículo de violación, donde viene el concepto de vía vaginal, explica el concepto de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua, de acuerdo a un libro técnico de medicina y desde el punto de vista popular, o sea que una palabra se puede interpretar de diferentes formas dependiendo de lo que se quiera, entonces él les da diferentes opciones y no les dice que es lo que deben hacer,  ni cómo deben hacerlo, sino lo que hace es ampliarles el marco.  Cómo lo manejen ellos, cuál va hacer la posición de ellos no está en él.  Amplía solamente los conocimientos, el fondo y no la forma ya que eso depende de cómo ellos quieran  enfocar un determinado caso y así transcurre todo el curso.  No hay estrategias específicas.

La Mag. Calzada dice que siendo un curso para el Ministerio Público, a ella en lo personal le preocupaba que a raíz de un conocimiento  se discutieran algunas cosas que la Defensa no debía conocer y esa era la preocupación que se había exteriorizado.

El Lic. Dall’anese aclara que no sabe cómo el Lic. Jorge Segura ha enfocado ésto en el Consejo, pero la táctica y la estrategia  del juicio la decide el abogado y no  el perito, cómo van a servir  los conocimientos periciales, cómo se va a evaluar el peritaje,  en qué momento se va a ofrecer, eso lo decide el abogado y no el médico.  De manera que lo único que señala es que el origen del curso era para evitar el desgaste de tiempo de los médicos y presupuestario de la institución, porque eso genera exceso de trabajo y desgaste en horas hombre, presupuesto en reactivos y todo lo que se ocupa en otras pericias que no son de medicina legal.  Lo que se está tratando es de resolver el problema.  El Ministerio Público tiene que capacitar más personas ya que son las que piden la pericia, la Defensa Pública debe conocerlas y estar preparada para impugnarlas, valorarlas e interpretarlas etc. igual los jueces.  Manifiesta que no tiene ningún inconveniente de que asistan  defensores al curso, lo que no quiere, es perder una plaza ni que por aumentar el número de participantes se pierda la calidad, entiende el celo con que se está defendiendo ésto, ya que al interno del MP el curso es de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público y la Defensa se está metiendo. Menciona que él no ha participado en ese tipo de discusiones y para asistir a la sesión  averiguo primero cuál era el origen del curso que coincide con lo que dijo la Dra. Solano.  Este es el planteamiento que hace como jerarca de la institución.  Quiere que se valore  la cantidad de defensores que asistirán y que no se pierda el norte del curso ya que si se preparan menos fiscales el impacto presupuestario va hacer siempre complicado.

La Licda. Rojas dice que también el problema es que los defensores no están empoderados con el conocimiento y muchas veces piden exámenes y ampliaciones que no son necesarios y la asistencia de  técnicos,  lo que también implica un costo para la administración de justicia y eso se debe considerar, porque hay una  falta de conocimiento que nos afecta a todos y sino hay equidad en la capacitación pierde la administración de justicia.

El Dr. Roldán le pide disculpas al Lic. Dall’anese y explica que si usó incorrectamente la palabra “veto” se debió  a que recibió un correo que menciona que no él  no compartía ninguna las dos posiciones, razón por la cual utilizo dicha palabra.

El Lic. Dall’anese manifiesta que es precisamente por la Ley de Control Interno. 

El Dr. Roldán agrega que solamente renunció a la parte de coordinación y que la Licda. Achong le dio las gracias y le indicó que se haría cargo del curso, entonces si ya tienen coordinador, en buena hora, ya que él no puede por la cantidad de trabajo y si el curso es del Ministerio Público que ellos lo manejen.  Agrega que  hay una disyuntiva de quién es el papá o la mamá del curso, pero él no vetó el curso, solamente se retiró como coordinador ya que no comparte esa posición.  Indica que para él es más importante la calidad de la administración porque enseñan fondo y así  logran que se entienda  mejor la forma. Los mismos criterios utilizados  son válidos para la Defensa porque así como el Ministerio Público le pide definir qué es una marca indeleble, la Defensa la apela diciendo que no es marca indeleble, entonces es lo mismo, solo visto desde diferentes ángulos y al final hay que contestar lo mismo a uno y a otro.  Considera que entre mejor capacitados estén  las tres partes mejor será la administración de justicia y no solo cosas presupuestarias son las que están en el trasfondo del tema.

El Dr. Ardón dice que accedió convocar extraordinariamente para recibir a los doctores Solano y Roldán para que de  propia y viva voz del Dr. Roldán nos explicara por qué el curso que iniciaba hoy no empezó, esa fue la moción, cree que está reunión se esta desviando porque no se trata  de si la Defensa va a llevar o no, ese punto quedo debatido y hay una acta firme de este Consejo, si la Defensa quiere discutir de nuevo ese punto se puede retomar en una próxima sesión o reconsiderarlo, pero para esto no se convocó, cree y está de acuerdo con el Lic. Dall’anese de que no se trata de quién es el curso, porque los cursos en el Poder Judicial son resorte exclusivo de la Escuela Judicial y depende como cabeza del Consejo Directivo de la Escuela Judicial.  No entiende cómo es que existen conversaciones entre el Dr. Roldán, la Defensa, la Unidad de Capacitación del Ministerio Público si no ha pasado nada por este Consejo y no puede existir una decisión sino es a través  de este Consejo, solamente lo que se conoce  de este tema,  es la última actuación  que hizo la Licda. Muñoz de retirar su propuesta y quedó firme el acuerdo y se dijo que tal como estaba diseñado y planeado debía iniciarse el curso hoy. 

El Dr. Roldán ya dio una explicación satisfactoria y entiende cuál es su posición por lo que la discusión ahora quedará para el seno del Consejo propiamente dicho.

El Dr. Chirino  manifiesta que llegados a este punto, quiere agradecerle a los doctores Solano, Roldán y a su secretaria su presencia a este Consejo, así como al Lic. Dall’anese  a quien le solicita  que debido a la ausencia del Lic. Jorge Segura permanezca en la sesión para  que el Consejo pueda sesionar y tratar el tema.  Desde el punto de vista de este Consejo ha sido satisfactoriamente atendida la preocupación que se tenía.  También agradece la asistencia de la Licda. Enriqueta Rojas y el Lic. Luis Roy Vargas, Defensores Públicos.

La Licda. Marta Iris Muñoz aclara al Dr. Ardón que la Defensa Pública no ha gestionado nada a espaldas del Consejo, ya que ella habló con el Dr. Roldán para que se incluyera a la Defensa en el curso según acuerdo del Consejo Directivo ya que a la fecha no se ha ejecutado, posteriormente conversó con él cuando  la autorizó el Consejo para que gestionara la posibilidad de que se impartiera un curso solo para la Defensa Pública, y la Licda. Rojas asistió a la reunión,   pero nunca lo ha hecho a espaldas de nadie.

El Dr. Ardón manifiesta que no ha dicho nada al respecto,  aclara que lo que dijo es que han estado conversando entre ellos y no que lo estuviera haciendo a escondidas. 

SE RETIRA LA DRA. LESLIE SOLANO, EL DR. JORGE MARIO ROLDAN, LA LICDA. ENRIQUETA ROJAS Y EL LIC. LUIS ROY VARGAS Y SE LES DA LAS GRACIAS.

Previa deliberación, SE ACUERDA:  Incluir en el curso de Medicina Legal la participación  de quince  Fiscales, cinco jueces (2 penales, 1 familia, 1 violencia doméstica,  1 laboral) y  cinco  Defensores  Públicos.   Comuníquese  a  la  Dra.  
Leslie Solano Calderón, Jefe Departamento de Medicina Legal, Dr. Jorge Mario Roldán Retana, Sección del Consejo Médico Forense,  Licda. Marta Iris Muñoz, Jefa de la Defensa Pública y al Lic. Francisco Dall’anese Ruiz, Fiscal General de la República.  ACUERDO FIRME.

Se levanta la sesión a las diecisiete con diez minutos horas.

Mag. Ana Virginia Calzada Miranda                 Dr. Alfredo Chirino Sánchez
                  PRESIDENTA                              DIRECTOR ESCUELA JUDICIAL